TDLC rechaza con costas oposición de Google y respalda demanda de Copesa en mercado de la publicidad digital

Se acabaron los intentos de Google para dilatar la contestación de la demanda que interpuso Copesa. Este lunes, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) rechazó por tecera vez los recursos de la tecnológica que pretendían persuadir al organismo que la arremetida del controlador de La Tercera estaba mal hecha. Es más, ahora parte la discusión más seria, porque la multinacional tiene 10 días para defenderse del supuesto abuso de posición dominante en el mercado de la publicadad del cual le acusan.

"El libelo (de Copesa) cumple satisfactoriamente con la exigencia de claridad y precisión necesaria para que las demandadas (Google y Alphabet) puedan ejercer su derecho a defensa, al exponer los sujetos pasivos objeto de la acción incoada, circunstanciadamente las conductas que darían origen a las presuntas infracciones acusadas y los mercados en que incidirían, por lo que serán rechazadas las excepciones dilatorias opuestas", fue el pronunciamiento del TDLC, que lo rechazó con costas, cuyo monto se definirá en los próximos días.

“El libelo (de Copesa) cumple satisfactoriamente con la exigencia de claridad y precisión para que las demandadas (Google y Alphabet) puedan ejercer su derecho a defensa”, señaló el TDLC.

Google y Alphabet, una misma entidad

De la lectura del Tribunal, se puede desprender que el debate sobre la diferencia entre Google y Alphabet quedaría zanjada. Y es que la multinacional buscó persuadir al TDLC sobre la diferencia de la matriz y su filial en Chile que, a su parecer, pese a la relación no se podría demandar a la compañía en nuestro país, sino que sólo en Estados Unidos, su lugar de origen.

La abogada de Copesa, la socia de Rojas Pacini, Ximena Rojas, expuso que las demandadas "erran" al afirmar que en el libelo no se indicaba la participación que se le imputa. "Los 'argumentos de las demandadas carecen de justificación y persiguen un fin evidentemente dilatorio. En efecto, el objeto verdaderamente pretendido por aquellas excede con creces la función procesal de la excepción dilatoria por ineptitud del libelo, toda vez que en los hechos Alphabet y Google buscan controvertir la
atribución de responsabilidad conjunta e indistinta que con claridad esta parte les imputa", sostuvo.

La defensora de Copesa reforzó su argumentación contando la historia de Alphabet y su filial Google, las que pertenecen al mismo grupo económico y, por tanto, comparten vínculos de propiedad, administración y responsabilidad de la existencia de intereses y riesgos financieros comunes. 

En un recuento, Google fue constituida dos veces. La primera en California, Estados Unidos, en septiembre de 1998 y luego en el Estado de Delaware en agosto de 2003. En 2015, la compañía realizó una reorganización de la sociedad holding y, como resultado, creó Google Inc., entidad que se convirtió en una filial 100% propiedad de Alphabet Inc.

De hecho, en 2017 la matriz creó una sociedad para conglomerar las filiales: XXVI Holdings Inc., Así, Alphabet Inc. transfirió la propiedad de Google Inc. a este vehículo y además se convirtió en una sociedad de responsabilidad limitada -Google LLC-. "Hacemos presente desde ya que, según Google, la transferencia de propiedad de Google desde Alphabet Inc. a XXVI Holdings Inc., no supuso un cambio de control respecto de la propiedad final (...) fue un cambio de nombre, no implicando, esta reorganización, la cesión de ninguna licencia ni un cambio en las operaciones", argumentó la abogada. 

Incluso, de acuerdo a declaraciones de Google -y que Copesa expuso- "el proceso de reorganización fue una formalidad legal que no afectaba al control último del accionista". En su relato, el medio de comunicación expresó que ambas entidades depende del mismo director ejecutivo, Sudar Pichai, y que más del 99% de los ingresos de Alphabet Inc. provienen del negocio de Google LLC.

"Cualquier solicitud de modificación de la demanda en orden a distinguir qué conductas se imputan a cada una –solicitud que, en el fondo, busca controvertir su legitimación pasiva y evitar la responsabilidad atribuible indistintamente a ambas por los efectos anticompetitivos de sus conductas—, debe ser rechazada por improcedente e injustificada", remató Copesa.